En el Día Mundial de Respuesta al VIH el pasado 1º de diciembre, organizaciones de todo el país denunciaron el recorte significativo del Presupuesto 2025 en la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis. La prórroga del Presupuesto 2023 para este año se tradujo en la falta de preservativos, medicamentos, esquemas de tratamiento y reactivos para medir las cargas virales de los pacientes. En Chubut la situación es algo diferente, ya que el Gobierno provincial compró parte de los medicamentos y preservativos faltantes. Sin embargo, con este panorama, persiste la preocupación para el año entrante. Argentina cuenta con una Ley de Respuesta al VIH, aprobada en 2022, que obliga al Estado a garantizar los derechos de salud de los pacientes. Mirta Balcón, presidenta de la Fundación Convivir de Comodoro Rivadavia, dialogó con El Extremo Sur sobre la situación regional.
Con una inflación interanual del 166%, la Dirección de Respuesta al VIH funcionó este año con el presupuesto 2023 prorrogado, por el cual recibió 21 millones de pesos, aunque las organizaciones han señalado que necesitaban el doble. El Presupuesto 2025 apenas percibe un aumento de dos millones de pesos, lo que se traduce en un desfinanciamiento del 76%.
Desde hace más de 20 años, el Ministerio de Salud de la Nación realiza las compras correspondientes para asegurar la provisión de forma gratuita de tratamientos altamente costosos para quienes se atienden en el sistema público de salud.
La Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) denuncia que durante 2024 los pacientes se vieron obligados a cambiar sus tratamientos ante la paralización de compras públicas y su consecuente falta de medicamentos, además de faltantes de preservativos, reactivos para estudios de carga viral y células CD4, testeos centrales para el monitoreo de la efectividad de los tratamientos.
Desde inicio de año han recibido más de dos mil denuncias de usuarios del sistema de salud que no pudieron acceder a su esquema de medicación, por lo que se vieron forzadas a volver a la triterapia, lo que conlleva problemas de adhesión al tratamiento.
En este sentido, las distintas organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis denuncian que el Gobierno de Javier Milei no avanza en la compra de reactivos para estudios de carga viral y células CD4, indispensables para que las personas con VIH conozcan cual es su estado de salud y si pasaron a ser indetectables, o sea, que ya no pueden transmitir el virus.
La situación ya genera preocupación en la comunidad, y se agrava a la luz del Presupuesto 2025. De aprobarse (aún en duda ya que no hubo llamado a sesiones extraordinarias), desde la organización sostienen que esto acarreará "un aumento de nuevos casos, diagnósticos tardíos, mayor mortalidad, y aún más carga sobre el sistema de salud, exigiendo más insumos y medicamentos".
La partida presupuestaria propuesta, en términos de dólares, ya supone un recorte del 76%. Sin embargo, también es 54,31% menor que los $42.451.555.000 propuestos, aunque no aprobados, para 2024.
"El recorte presupuestario propuesto no solo es un retroceso en la lucha por la salud pública y los derechos humanos, sino que también pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen del sistema público de salud para continuar sus tratamientos, en cumplimiento de la Ley 27.675", sostiene el comunicado de la FGEP.
El principal reclamo es la ampliación de partidas para garantizar la adquisición de medicamentos de los cuales dependen los pacientes. "La vida no puede esperar", cierra el comunicado.
La situación de Chubut
Mirta Balcón, presidenta de la Fundación Convivir en Comodoro Rivadavia, dialogó con El Extremo Sur sobre la situación nacional y su impacto a nivel local.
Explica que el principal impacto del recorte presupuestario este año se produjo en los medicamentos, "no en todas las drogas, sino que hubo un faltante de una droga específica que se le otorga a las personas que están en el sistema público de salud, esta falta de medicación se vio acompañada en el último trimestre del año con la falta de reactivo para poder hacerse los análisis de seguimiento que son cargas virales y CD4 que son estudios específicos para controlar, cuál es el avance del virus del VIH".
También se registró una falta de preservativos peneanos y en el último trimestre, de los reactivos. "A nivel nacional hubo repercusiones en varias provincias, pero en nuestro caso el Ministerio de Salud provincial se hizo cargo de la medicación", subrayó.
"La sugerencia era que ante esta medicación se modifique la toma o se modifique el esquema para la persona que tiene VIH, pero hay personas que otra medicación que la complemente le hace mal, no se toleran todas de la misma manera. Entonces para esas personas que necesariamente la tienen que tomar, la provincia compró nuestra medicación, y también se hizo cargo de un porcentaje de los preservativos peneanos, la cantidad no es la misma por una cuestión de costo que la que proporcionaba el Ministerio de Salud nacional", agregó.
En este sentido, dijo que desde Nación hay "más resistencia" a la entrega de preservativos, y que se percibe un recorte en general en el área de salud sexual y reproductiva, con faltantes de otros recursos como la copa menstrual o los parches anticonceptivos.
Los números del último Boletín Epidemiológico muestran que la cifra propuesta para el 2025 está lejos de cubrir la medicación y el tratamiento para el total de la población que lo requiere.
"El 1º de diciembre Nación dio a conocer el Boletín Epidemiológico que corresponde al año 2023. Ahí aparece un aumento en la cantidad de diagnósticos de casi 1.000 personas; el anterior Boletín decía 5.300 y este boletín dice 6.400 posibles nuevos diagnósticos por año, o sea que este año esos 6.400 se van a aumentar un poquito más, si seguimos esta línea. Y muestra además que de ese número hay unas 70.000 personas dentro del sistema público recibiendo la medicación", detalla Balcón.
Sin embargo, advierte que en el proyecto de Ley del Presupuesto 2025, Nación pidió el costo necesario sólo para 20 mil tratamientos: "Hay una reducción muy importante y acá tenemos un problema crucial para las personas que dependen de los antirretrovirales, la ausencia de antirretrovirales lleva al avance de la infección y bajan la defensa y se está expuesto a la muerte, es un riesgo de vida".
También enfatiza que este año no hubo ningún representante del Ministerio de Salud en la presentación del Boletín. En el medio, las organizaciones sociales sostienen el reclamo de aumento de las partidas presupuestarias.
"Las organizaciones ya estuvieron en una reunión con diputados, aún sin saber lo que decía el Boletín porque fue antes de esta presentación, ahora con más fuerza se está saliendo a nivel nacional para ver si podemos lograr una modificación de ese presupuesto porque la población con VIH corre mucho riesgo", remarca.
Las cifras del Boletín
El Boletín Epidemiológico 2023 indica que actualmente en Argentina son más de 140 mil las personas con VIH, aunque un 13% lo desconoce. El 68% de las personas que conocen su diagnóstico se atiende en el sistema público de salud y más de 65 mil se encuentran en tratamiento antirretroviral en el mismo
El informe muestra que el VIH en Argentina "es una epidemia concentrada con prevalencias mayores al promedio en algunos grupos clave, como las mujeres trans, los varones que tienen sexo con otros varones y las/los trabajadores sexuales", algunos grupos especialmente vulnerables que podrían carecer de recursos para acceder a la medicación en caso de que avanzaran los recortes del Presupuest0 2025.
Tal como indicaba Balcón, en 2023 se notifica un promedio de 5.300 casos nuevos, "diagnosticándose un 68,4% de varones cis con VIH con una mediana de edad de 32 años, mientras que las mujeres cis representan el 30,4% con una mediana de 35 años".
La principal vía de transmisión revela la necesidad de darle continuidad a la entrega de preservativos, ya que el 99% de los casos se produce por relaciones sexuales sin protección. Por otro lado, explican que la tasa de mortalidad por patologías asociadas al VIH, si bien tuvo importantes cambios en los últimos 10 años, continúa con tendencia al descenso ubicándose en 2,8 cada 100 mil habitantes en 2021.
Una ley necesaria y la reacción de las derechas
El 30 de junio de 2022 se aprobó, con amplia mayoría en ambas cámaras, la Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Fue el resultado de casi 9 años de trabajo conjunto de distintas organizaciones y 4 proyectos previos presentados. Firmaron como coautores 61 diputados de los distintos bloques; el proyecto además contó con el apoyo del Poder Ejecutivo, a través de distintos organismos del estado como el Ministerio de Salud, el de Mujeres, Géneros y Diversidades, el INADI y la ANSES. Esta normativa actualizó la Ley Nacional de Sida 23.798, sancionada en agosto de 1990.
En Diputados contó con sólo 8 votos negativos, todos pertenecientes a La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Se trata de José Luis Espert, Carolina Píparo (Avanza Libertad), Javier Milei, Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), Ricardo López Murphy, Pablo Torello, Francisco Sánchez y Paula Omodeo (Juntos por el Cambio).
La mayoría de estas figuras, que hoy son legisladores o funcionarios del Gobierno nacional, desplegaron entonces una intensa campaña de rechazo, argumentando que aprobar la ley implicaba "mantener lobbys" y aumentar drásticamente el gasto público.
Victoria Villarruel, entonces Diputada, tuiteó: "Con @JMilei votamos NO a mantener lobbys. En vez de garantizar derechos aumentan los privilegios, se crea 1 observatorio de VIH dentro del INADI, o sea seguimos con la fiesta del gasto, pago a la militancia y cargos públicos a gente como Donda. Con mi voto NO. Solo 8 dijimos NO".
Mientras se registraban alrededor de 13 fallecidos por día a causa de complicaciones por el VIH, con un sistema de salud que se recuperaba del impacto de la pandemia, legisladores, militantes y usuarios apoyaban los votos de la derecha que impedían "fortalecer el INADI de los K".
La Ley plantea, entre otros puntos, el acceso universal y gratuito a la salud, el acceso de los pacientes a los tratamientos y la medicación provistos por el Gobierno nacional, el desarrollo de la producción pública de medicamentos, la participación de las personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis en el diseño de políticas públicas y la contemplación de los derechos a la confidencialidad, el trato digno en todos los ámbitos y la asistencia integral.
El recorte presupuestario impediría garantizar los distintos puntos que establece la norma, por lo que las organizaciones reclaman cada vez con más fuerza el aumento de las partidas.
"Esta ley obliga a que el Estado responda, también dice que las organizaciones sociales tienen voz, pero han sido directamente silenciadas", remarca Balcón y adelanta que "si las falencias aumentan y nosotros no encontramos respuestas como organización desde el sistema político vamos a acudir por vía judicial".
El estigma que persiste
Además de la cuestión presupuestaria, Balcón hace referencia al estigma que persiste en la sociedad y que muchas veces resulta un obstáculo para la detección y tratamiento del virus.
La referente sostiene que "actualmente es uno de los factores que lleva a las personas con VIH a empeorar o avanzar en su estado de la infección y morir por alguna causa asociada al SIDA, supongamos que los antirretrovirales siguen estando disponibles, las personas cuando tienen un diagnóstico de este tipo atraviesan situaciones de discriminación y estigma".
Indica que el sistema de salud "es uno de los que más falencias tienen cuanto a la discriminación". Y remarca: "nosotros tenemos según la ley también el derecho a la confidencialidad, no tengo porque contar mi diagnóstico ni a mi mamá ni a mi hermano ni mi pareja ni a nadie, ni siquiera tengo por qué contárselo al médico salvo que yo lo considere necesario o esté vinculado".
Sus propias experiencias muestran el accionar de los trabajadores del sistema de Salud, que ignoran la normativa vigente. Balcón relata que en el marco de una intervención quirúrgica, el médico le dijo que debía informarle a las enfermeras que tenía VIH para "resguardarse" y resguardarla a ella.
"En ese momento no en una discusión con el médico porque estaba transitando una enfermedad, no tenía ganas, pero los enfermeros y médicos, cualquier persona que te asista en Salud, tiene un protocolo que seguir ante cualquier ciudadano que vaya a atenderse y no hay necesidad de atender de manera diferenciada a una persona que tenga VIH a una persona que no lo tenga", subraya.
También habla de situaciones en las que los profesionales colocan en los pedidos médicos que la persona tiene VIH, lo cual es ilegal por el derecho a la confidencialidad contemplado en la Ley 27.675: "No se puede exponer el diagnóstico de nadie".
Los testeos rápidos
Una de las actividades que realiza Fundación Convivir son los testeos rápidos de VIH, los cuales son gratuitos y no requieren orden médica. Para realizarlo, sólo se necesita una gota de sangre que se obtiene por un pequeño pinchazo en el dedo, y en alrededor de 20 minutos se entrega el resultado de manera confidencial.
Para Balcón, los testeos que realizan en el marco de las charlas o las campañas están generalmente orientados a la visibilización de la problemática: "Es una forma de difundir. Damos charlas en escuelas y ofrecemos los testeos, generalmente los jóvenes se testean sin problema, el sistema de Salud Municipal acá hace testeos en varios CAPS y a veces los tráilers, el hospital también hace testeos".
Enfatiza que "las personas que suelen estar en las charlas y se hacen testeos, no suelen ser realmente personas que sientan que están en una situación de riesgo, las personas que saben o sienten que están en una situación de riesgo, porque no utilizaron preservativos en sus relaciones sexuales, se testean de manera más privada"
Aunque explica que el resultado -que puede ser reactivo positivo o reactivo negativo- no constituye un diagnóstico y se requiere un diagnóstico por parte de un profesional médico, "la noticia es impactante".
"Para la gente que suele hacerlo en lugares públicos, es muy raro que haya algún resultado positivo en ese tipo de campañas, pero esas campañas sirven para visibilizar y también sirven para hacer lo que es el acompañamiento pre-test, post-test, trabajar con la persona que tiene un resultado negativo, que hace o qué se debería hacer".
Es fundamental, sobre todo para quienes reciben un resultado reactivo negativo, que la persona que lo está atendiendo pueda realizar una suerte de consultoría, "explicarle cuáles son los métodos de prevención, explicarle que se tiene que testear, explicarle que hay otros métodos de cuidado, eso es un también una parte importante de los testeos, esto de poder hablar con el otro y decirle en qué situación está ahora el VIH".
La Fundación también realiza testeos de manera privada, generalmente a quienes "no quieren realizarse en el sistema de salud porque conocen a alguien o porque el horario no les es útil". Balcón explica que a veces realiza el test en altas horas de la noche, especialmente cuando la persona está ansiosa y necesita un tipo de acompañamiento que no siempre encuentra en el sistema de salud.
En cuanto a la situación de la provincia, la referente revela Chubut tiene la tasa de mortalidad por causas asociadas al SIDA más alta de la Patagonia, una cifra que viene acompañada de un alto porcentaje de diagnósticos tardíos, sobre todo en hombres cis.
"Las personas no se testean en tiempo y forma, cuando ingresan al sistema de salud están en una situación avanzada de la infección de VIH y es más difícil retrotraer a esa persona a un mejor estado de salud, y si bien la toma de medicación se hace inmediatamente, a veces no alcanza", afirma.
Y sostiene que esto es un indicador que, como sociedad, "no tenemos el hábito de testear cómo estamos ante las infecciones de transmisión sexual, uno se hace los chequeos de presión, por ejemplo, pero no de Hepatitis B, Hepatitis C, sífilis".
Sobre esta última, habla de un aumento significativo a nivel nacional: "Hace algunos meses, la Cámara de Diputados de la Nación solicitó respuestas al Poder Ejecutivo ante este alto aumento de tasas de diagnóstico de sífilis, preguntándose qué está haciendo en la Nación Argentina al respecto porque la verdad que es una falla del sistema de salud, se supone no debería estar pasando con toda la información que tenemos al alcance".
En este escenario, las organizaciones siguen de cerca las discusiones en torno al Presupuesto 2025, que también plantea recortes en otras áreas y programas destinados a garantizar derechos. Para los pacientes que dependen de la medicación otorgada por Nación, cualquier decisión en este sentido afectará profundamente su calidad de vida.
